Habiéndose cumplido el plazo, lo más probable es que el Ministerio del Ambiente apruebe la Estrategia sin haber promovido un debate público, a pesar de que tanto la ZEE como el OT son procesos que buscan lograr consensos sobre un uso racional del territorio y de los recursos naturales.
La Estrategia tiene puntos muy controvertidos. Ésta plantea “establece que la aprobación de los procesos de ZEE por la autoridad competente (regional y/o local) requiere previamente la conformidad técnica del MINAM”, restándole capacidad de decisión a los gobiernos subnacionales. En vez de ello, la Estrategia podría proponer que el MINAM tenga un rol más activo, brindando asistencia técnica a los equipos que conducen estos procesos o elaborando las metodologías ausentes en la normativa actual, lo cual facilitaría la implementación de las distintas fases de la ZEE.
Sobre el punto, nos preguntamos qué se entiende por “conformidad técnica” ¿Significa acaso que el MINAM contará con una instancia para la revisión de todas las ZEE a nivel nacional? ¿No se estaría sobrecargando de funciones a este sector que, por ejemplo, todavía tiene pendiente aplicar la regulación aleatoria de los Estudios de Impacto Ambiental?
No olvidemos que tal como está redactada la norma, se estarían vulnerando las competencias de los gobiernos subnacionales para desarrollar procesos de planificación y gestión territorial. Es bueno recordar que la Ley de Bases de la Descentralización establece que la ZEE y el OT deben ser conducidos por los gobiernos regionales y municipales.
Asimismo, la Estrategia señala que tiene por objetivo general “facilitar la elaboración e implementación de la ZEE en los tres niveles de gobierno”. Sin embargo, no está brindando elementos para facilitar el proceso sino concentrando la decisión final; por otro lado, no dice nada acerca de cómo lograr que este proceso sea participativo. Para aquellos gobiernos regionales que vienen desarrollando sus procesos de ZEE, una de las principales dificultades ha sido elaborar este instrumento con una intervención adecuada de la población. En varios casos, se ha elaborado la zonificación a nivel de gabinete y solo cuando se ya contaba con los resultados, se realizó su validación.
De otro lado, en su segunda Línea Estratégica plantea como acciones: “Ejecutar la Política y Directiva Nacional para la incorporación de la ZEE en los procesos de planificación sectorial y regional; así como en el desarrollo de la ZEE (…) en las unidades territoriales donde existan o se hayan priorizado proyectos de interés nacional, tales como: Programa de Infraestructura Vial – IIRSA Norte, Centro y Sur, Proyecto Camisea proyectos hidro-energéticos e hídricos (Inambari, San Gabán, Madre de Dios–Puno, Junín, etc.)…”. Sin embargo, a la fecha de publicación del texto no existen proyectos hidro energéticos ejecutados ni priorizados en Junín ni Puno, solo la intención de empresas privadas por construirlos.
Por tanto, ¿Por qué se tendría que incorporar en la formulación de la ZEE proyectos que aún no se han realizado y cuya propuesta viene recibiendo un rechazo mayoritario de una población que no ha sido consultada?
Finalmente, más allá de los cuestionamientos a su contenido, en Noticias SER consideramos que esta norma debió ser ampliamente debatida. Queda como tarea pendiente para el próximo gobierno construir políticas de ZEE y OT en un clima de consenso que es indispensable para reducir los altos niveles de conflictividad social generados por la ausencia de una planificación territorial adecuada y por la manera, centralista y autoritaria, de tomar las decisiones sobre los usos del territorio y los recursos naturales.
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