martes, 6 de septiembre de 2011

"No dejaré que se abuse, ni se manosee esta ley"


El jefe de Estado, Ollanta Humala, promulgó esta tarde la Ley de Consulta Previa en la localidad de Imacita en el distrito de Bagua (Amazonas). En su discurso comprometió a la población a trabajar ordenadamente y señaló que no dejará que se abuse de la ley, pues su espíritu es el de desarrollar a las comunidades de la amazonía.
Junto al presidente del Congreso, Daniel Abugattas, la primera vicepresidenta Marisol Espinoza, el ministro de Ambiente, Ricardo Giesecke y el ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, así como por dirigentes nativos amazónicos, dirigió su discurso a la población en donde resaltó que dicha ley deberá beneficiar a todo el Perú.
“Cuando tengamos diferentes temas de carácter regional necesitamos que haya una instancia que permita participar sin entrar en conflictos, que permita sentarnos a dialogar y de esa manera llegar a una solución pacífica y una solución que beneficie a toda nuestra población, pero también que beneficie a nuestra naturaleza, a nuestra agua, a nuestro cielo, a nuestros usos y nuestras costumbres", acotó.
Además, recordó a los congresistas que fueron suspendidos del Congreso en la anterior legislatura y que  hoy - algunos de ellos - estuvieron presentes en la ceremonia. "Nancy Obregón, Juana Huancahuari, Janeth Cajahuanca, Cayo Galindo, Rafael Vásquez, Víctor Isla,  María Sumire, Hilaria Supa, Elsa Malpartida y Marisol Espinoza  (...) Es una reivindicación que se les da a los congresistas, lo que defendieron era lo correcto y es lo que hoy día el Congreso por unanimidad ha aceptado", señaló.
De otro lado se refirió a que esta ley fortalecerá los procesos en lo que se den las inversiones, pues dichos procesos tendrán que ser, necesariamente, consultados con la población.
La localidad de Imacita fue escogida como escenario para la promulgación de la ley, pues - en declaraciones a TV Perú - señaló que significa uno de los puntos de confluencia de las poblaciones amazónicas y el mundo mestizo y  en segundo lugar por una razón sentimental, pues fue uno de lo lugares donde trabajó y por ello conoce a la población y la expectativa que generaba la dación de esta ley.

Fuente: Alerta Perú

Aidesep plantea revisión "positiva" a Ley de Consulta


La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) considera que la Ley de Consulta es "perfectible" y que requiere de una revisión "positiva" desde las comunidades.
Así lo señaló Alberto Pizango, presidente de Aidesep, quien en declaraciones para Alerta Perú consideró la norma - a ser promulgada este martes por el presidente Ollanta Humala en Bagua (Amazonas)- constituye "uno de los logros más importantes del movimiento indígena".

No obstante, Pizango Chota señaló que la ley adolece de ciertos vacíos y requiere ser perfeccionada. De manera particular, consideró que necesita precisar si se ajustará a lo dispuesto por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"Si verdaderamente el gobierno tiene voluntad para hacer realidad los derechos conculcados (a las comunidades indígenas) por muchos años (...) debe decir si la ley está de acuerdo a la OIT, devolverle al Congreso para que ratifique las opiniones de las organizaciones y del primer mandatario. En términos jurídicos, que la opinión final para la promulgación por el Ejecutivo sea observada pero positivamente", sostuvo.

De otro lado, Pizango consideró que si bien es muy importante que el primer mandatario haya decidido promulgar la esperada ley en Bagua -donde 34 personas murieron el 5 de junio del 2009- opinó que le hubiera sido "más transparente" si las organizaciones representativas estuvieran presentes en el acto.

Sobre el particular, explicó que el lunes recibió una invitación para asistir a la ceremonia en Bagua, a la cual acepto acudir -aun cuando en su agenda tenía previsto un viaje a Pucallpa (Ucayali). No obstante, a las 08:00 p.m. de ayer le indicaron que ya no había cupo para él.

Fuente: Alerta Perú

viernes, 19 de agosto de 2011

Bolivia: Indígenas recurren a la CIDH en defensa del TIPNIS


Fuente: www.servindi.org

Servindi, 19 de agosto, 2011.- Mientras prosigue la marcha indígena en defensa del TIPNIS, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una solicitud de medida cautelar para frenar la construcción de la carretera proyectada por el gobierno boliviano en el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure.
El director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Leonardo Tamburini, explicó que la petición fue tramitada a solicitud de la Subcentral del TIPNIS y la Central del pueblo Mojeño.
“Hemos presentado una solicitud de medidas cautelares en la que planteamos la suspensión del proyecto carretero y otras medidas de protección a las comunidades del TIPNIS y hacemos notar el grave peligro al que se está exponiendo a la población indígena”, informó Tamburini al anunciar que también acudirán a las Naciones Unidas.
Los indígenas se oponen a la construcción de la nueva infraestructura vial porque el diseño preliminar del tramo II atraviesa la reserva forestal del parque nacional que en el futuro generaría graves consecuencias.

Posible diálogo

Según Fernando Vargas, presidente del TIPNIS, están dispuestos a dialogar solo con el presidente Evo Morales en cualquier punto del trayecto de la marcha. “Sólo vamos a conversar con el presidente Evo Morales, porque es a través de su autoritarismo que se ha generado este problema”.
De otro lado, el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, afirmó que esperan una invitación formal y oficial de los dirigentes indígenas porque ellos deben establecer las condiciones y garantías para iniciar un diálogo sobre el diseño del tramo dos de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos.
En tanto, el secretario general de la Gobernación de Santa Cruz, Rolando Aguilera, anunció que se sumarán al pedido de los indígenas para brindar ayuda alimentaria y medicamentos.

Quieren frenar marcha

Según la agencia Erbol, aproximadamente 60 personas intentaron frenar la marcha, sin embargo,  el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, informó que tomaron los recaudos necesarios y que  la marcha sigue su curso.
“Tuvimos un pequeño incidente que detuvieron a la Comisión Política y unas 50 a 60 personas nos bajaron en la tranca (de San Ignacio de Moxos) que están buscando que la marcha no pueda pasar. Entonces acudimos inmediatamente al subgobernador (Sixto Bejarano) y se tomó los recaudos que corresponde y tuvimos que desviar la tranca para llegar a la columna de la marcha”, afirmó.

Otras noticias:

Sentencia absuelve a nativos por protesta contra Pluspetrol


Fuente: www.alertaperu.pe

19/08/2011 – Emblemático. Así ha sido calificado el caso de los 21 ciudadanos indígenas comprendidos en el caso Andoas, quienes acaban de ser absueltos en segunda y definitiva instancia por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La resolución sienta jurisprudencia al rechazar el uso del Poder Judicial como instrumento para enfrentar los conflictos sociales. Como se recuerda, en marzo del 2008 las comunidades afectadas por la operación del Lote 1AB protestaron tomando el aeródromo de Pluspetrol.
Alerta Perú conversó Jorge Tacuri, el abogado que llevó de defensa de los nativos. Tacuri destacó que esta sentencia es un “precedente y un paso para derrotar la estrategia punitiva de un Estado que pretendió ver en el caso Andoas un caso de terrorismo y delincuencia para perder de vista las razones históricas de la protesta de las comunidades afectadas por contaminación petrolera”. Tacuri remarcó que la sentencia rechaza que se convierta al Poder Judicial “en un instrumento de control político de los conflictos sociales”.

Tacuri explicó que ni la Sala de Loreto ni la Corte Suprema han encontrado suficientes pruebas que incriminen a los 21 nativos encausados por los actos violentos que implicaron la muerte de un efectivo policial. Al respecto, señaló que “es potestad del Ministerio Público continuar las investigaciones” para identificar al autor de ese hecho.
El abogado destacó que la sentencia absolutoria haya recogido los informes de la Defensoría del Pueblo y de la Iglesia que muestran las condiciones de contaminación y marginación social en que viven estas poblaciones tras 40 años de explotación petrolera.
“El Lote 1AB afecta a tres cuencas: el río Corrientes, el río Tigre y el Pastaza”, explicó, indicando que “sólo las comunidades del Corrientes han logrado un fondo de 60 millones para el desarrollo social. Las cuencas del Tigre y el Pastaza no han logrado ningún tipo de compensación” por la persistente contaminación petrolera.
Cabe recordar que durante décadas, las aguas de producción del Lote 1AB eran simplemente vertidas a los ríos, lo que ha ocasionado que -según la DIGESA- los pobladores tengan elevados niveles de cadmio y plomo en el organismo. Gracias a las protestas de los ciudadanos indígenas, especialmente la protesta del río Corrientes el 2006, se logró aprobar la obligatoriedad de la reinyección a los pozos de esas agua contaminantes, medida que sólo se aplicó en el Tigres y el Pastaza a partir del 2009. (PM)

Exigen discusión inmediata de Ley de Consulta



18/08/2011 – Sorprendidos. Así se mostraron líderes amazónicos y andinos, congresistas y activistas, tras la decisión de última hora del Consejo Directivo del Parlamento de no incluir el debate acerca de la ley de Consulta Previa en la próxima sesión del Pleno. En conferencia de prensa esta mañana, pidieron la insistencia en la norma tal como fuera aprobada el año pasado, y rechazaron el lobby empresarial que pretende retardar la aplicación de este derecho de los pueblos indígenas.
Los parlamentarios Javier Diez Canseco, Eduardo Nayap, Julia Tévez y Faustina Coari, de Gana Perú, denunciaron que el día de ayer se planteó incluir en la agenda la Ley de Consulta, propuesta que fue desestimada por 12 votos en contra y sólo siete a favor. Los siete votos a favor fueron únicamente de los nacionalistas, mostrándose de esta manera que todas las demás bancadas prefieren demorar la discusión de esta demanda que responde a una larga lucha de los pueblos indígenas.
Diez Canseco no descartó que esta actitud tenga que ver con lobbies vinculados a las industrias extractivas. “La prensa ya ha informado que sectores relacionados con las industrias extractivas están promoviendo una corriente que pretende aprobar esta norma con las observaciones que le hizo Alan García. No me sorprendería que fuese cierto”, señaló el parlamentario, al tiempo que expresó su preocupación pues “esta dilación lo único que haría es caldear los ánimos”.
Por su parte, Eduardo Nayap, representante amazónico de la nación awajun, se mostró muy contrariado por la actitud de las demás bancadas. “Yo he pedido por escrito al Presidente del Congreso priorizar la Consulta. Esta Ley tiene que ser el principio de un relacionamiento entre el Estado y los pueblos indígenas, hago un llamado a los demás congresistas a no presentar documentos sustitutorios que únicamente retardarían (el debate). Unánimemente tenemos que ir por la insistencia”, señaló.
En tanto, los líderes Walter Kategari, de AIDESEP, y Magdiel Carrión, de la CONACAMI, señalaron que de no aprobarse esta Ley iniciarán movilizaciones sociales para exigir a los congresistas que cumplan con su palabra. Ambos remarcaron que la mayoría de conflictos sociales que sufre el país tienen que ver con la falta de consulta a las comunidades nativas o campesinas frente a actividades extractivas, como la minería y el petróleo.
Por su parte Hernán Coronado, representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, recordó que “la Ley de Consulta no va a crear el derecho de consulta, que está vigente en el Perú desde 1995 (en virtud del Convenio 169 de la OIT). La Ley va a servir para facilitar la implementación de este derecho que viene siendo incumplido sistemáticamente por la poca voluntad política de los Gobiernos anteriores”.
Javier Diez Canseco instó a las demás bancadas a reconsiderar su posición y permitir que el debate de la ley de Consulta sea realizado cuanto antes. “Nuestra iniciativa es que se coloque para hoy o para un Pleno que se convoque lo antes posible. Queremos que se apruebe antes de la presentación de Lerner ante el Congreso, como un gesto político de respeto al difícil proceso de concertación (que dio origen a la Ley)”, indicó.
Cabe señalar que la bancada nacionalista ha presentado como proyecto de Ley el mismo texto de la autógrafa observada el 2010 por Alan García, que cuenta con el apoyo de las principales organizaciones indígenas y campesinas del país. (PM)

jueves, 11 de agosto de 2011

Interculturalidad, Megaproyectos y Pueblos Indígenas:Algunas ausencias y contradicciones

Por Ismael Vega Díaz*

El discurso del presidente Ollanta Humala, haratificado en gran medida las promesas electorales que fueron planteadas en la segunda vuelta, y eso nos parece bien. Mal hubiera hecho el presidente, si el 28 de julio,  hubiera lanzado propuestas y medidas que contradigan sus compromisos. Sin duda, se trata de un discurso cauto y enmarcado dentro de lo que ya había planteado en el último tramo de su campaña.También es necesario, reconocer que ha hecho un conjunto de anuncios y propuestas sumamente importantes, en relación a la inclusión social, participación política, lucha contra la corrupción, reparaciones para las víctimas, diversidad cultural, biodiversidad, recursos naturales, ordenamiento territorial, megaproyectos etc. Sin duda, muchas de estas propuestas son esperanzadoras de cara al desarrollo del país y especialmente para sectores, como los pueblos indígenas, que no han sido beneficiados por el crecimiento económico de las últimas décadas.

Sin embargo, reconociendo las oportunidades que plantea el nuevo escenario político, especialmente para los sectores que creen en la posibilidad de profundizar la democracia,  queremos hacer un análisis que ponga énfasis en algunas preocupaciones que también se desprenden de lo propuesto por el presidente Ollanta Humala, especialmente en relación a las expectativas de los pueblos indígenas, más allá del derecho a la consulta, que por cierto no fue anunciado en el discurso.

Interculturalidad
Que la palabra interculturalidad, no haya aparecido en ninguna parte del discurso presidencial, genera por lo menos una señal de alerta y preocupación. No estamos sugiriendo que el discurso tendría que haber hecho una propuesta de profundización de la democracia en nuestro país, a partir del reconocimiento de la existencia y el aporte de las diferentes culturas a nuestro sistema político. Tampoco se esperaba que se plantee una modernización de la democracia a partir del cuestionamiento del, todavía vigente,  paradigma Estado Nación y de la descolonización de los espacios de deliberación política. Esta sería una expectativa exagerada para un discurso de 50 minutos. Pero sin duda, el primer discurso del presidente, era una ocasión privilegiada para dar señales claras,  de que estamos frente a un gobierno que  quiere profundizar la democracia en serio, colocando la interculturalidad en el centro mismo de nuestro
sistema político.

La plenitud de la democracia peruana, planteada por el presidente, no incluyó lo cultural como una dimensión importante de esta. Si la “democracia plena es justicia y paz social, soberanía, seguridad e igualdad sin exclusión” (1), entonces estamos frente a una propuesta que está lejos de plantearse lo intercultural, como un eje transversal de la política y que posiblemente sigue pensando que lo cultural sigue siendo una dimensión reservada sólo al ámbito de la cultura en sentido estricto o la educación y los contenidos curriculares.

Es verdad que, en su discurso el presidente habló de diversidad cultural y dijo que somos un país plurilingüe y multicultural y criticó la exclusión, la discriminación y la intolerancia. Sin embargo, cuando esta parte de su discurso, sin ser una novedad, parecía anunciar una propuesta o una frase más avanzada y moderna, terminamos escuchando más de lo mismo: “…nuestra nación es un crisol de razas y tradiciones. Son ellas las que sustentan, por ejemplo, nuestra extraordinaria gastronomía, hoy admirada y reconocida en el mundo (2)”. Entonces, nos volvemos a preguntar si la interculturalidad forma parte de la propuesta política y el modelo de
desarrollo que el nuevo gobierno de Gana Perú, ha comenzado a implementar en el país. Lo dicho por el presidente al respecto, por lo menos nos deja grandes dudas e incertidumbres.

La referencia al Estado, no fue suficiente y creemos que va en la misma línea de lo planteado en relación a la democracia. El Estado centralista que todos y todas conocemos no sólo debe subir a los andes y extenderse a la Amazonía, como dijo el presidente (3). Creemos que se debe profundizar en el cuestionamiento del Estado-Nación, promoviendo la inclusión de los pueblos indígenas amazónicos, andinos y afroperuanos en los espacios de deliberación política y construir una cultura política basada en una interculturalidad que promueva el desarrollo de las capacidades y reconozca el aporte de todos los sectores, especialmente de los que nunca fueron tomados en cuenta, es decir los pueblos indígenas amazónicos y
andinos.

Pensamos, que la interculturalidad debe constituirse en el eje fundamental y transversal que este a la base de los acuerdos sociales nacionales y subnacionales, de los cambios y las transformaciones que el país requiere, por medio de políticas y programas que asuman la interculturalidad como elemento central de las mismas.

La incorporación de la interculturalidad en la democracia y la construcción de una nueva legitimidad, pasa por el reconocimiento de la existencia de legitimidades en conflicto pero también por reconocer que la legitimidad de la democracia ha estado ligada históricamente a la hegemonía de algunos sectores de la sociedad peruana que han concentrado el poder y lo han usado para su beneficio a lo largo de la historia (4).

Este reconocimiento crearía las condiciones sociales, políticas y culturales para profundizar la democracia, incorporando las diversas y diferentes legitimidades existentes en el país, especialmente la de los pueblos indígenas amazónicos. La institucionalización de la interculturalidad y el diálogo intercultural resultan vitales para construir consensos sociales, una nueva hegemonía social  culturalmente diversa y por lo tanto para la profundización y reinvención de la democracia en nuestro país.

Megaproyectos y  Ordenamiento Territorial
Una de las demandas centrales de los pueblos indígenas amazónicos, está relacionada directamente con el territorio. No se pretende en este ensayo, hacer un análisis en torno a la territorialidad entendida como un espacio previamente existente e históricamente construido por los pueblos indígenas y  del territorio entendido como un producto de la concepción del Estado-Nación y del derecho positivo para implementar un determinado modelo de desarrollo.

Sin embargo, la mención del presidente, sobre el ordenamiento territorial, nos parece importante, en la medida que se trata de un proceso impostergable en todas las regiones, especialmente en aquellas donde los
recursos naturales, la biodiversidad y los territorios indígenas enfrentan serias amenazas de los megaproyectos y actividades extractivas que, especialmente en la gestión de Alan García, se intensificaron de una manera compulsiva. Más importante aún, es que se haya dicho que este proceso será participativo y que buscará el uso racional del territorio (5) y que los recursos como el agua, los bosques y la biodiversidad se explotarán de manera racional y equilibrada respetando a los pobladores yel medio ambiente (6).

Se trata sin duda, de un reto sumamente complejo para el nuevo gobierno, si se tiene en cuenta que, la gestión del  gobierno anterior,  ha dejado como herencia, más de 200 conflictos que en gran parte son de carácter socio ambiental y se expresan en la creciente confrontación de visiones sobre el desarrollo entre los pueblos indígenas y el Estado. Los sucesos de Bagua han sido la manifestación más clara y extrema de esta
confrontación.  Hay que tener en cuenta además, que durante el gobierno de Alan García, se ha otorgado cerca de 100 concesiones de lotes, para actividades de exploración y/o explotación de hidrocarburos por parte de empresas transnacionales. Esto ha hecho que más del 75% del territorio, cerca de 40 millones de hectáreas de la Amazonía peruana esté lotizada y que la mayor parte de los lotes se superpongan a los territorios indígenas (7).

El ordenamiento territorial, propuesto por el nuevo gobierno, plantea una propuesta de solución a la disputa y la confrontación en torno al territorio y los recursos naturales; pero esto supone el reconocimiento y cumplimiento de derechos que han sido desconocidos y avasallados a los largo de las últimas décadas, especialmente los derechos de los pueblos indígenas amazónicos y andinos. Supone por lo tanto, retomar espacios de diálogo (Mesas de Diálogo) y avances logrados que se quedaron truncos (Derecho a la Consulta) y la articulación de normas (leyes nacionales y Convenio 169 de la OIT, Declaración de las NNUU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas) e  instituciones democráticas (Gobiernos Regionales y Locales, Organizaciones Indígenas, MCLCP, ONG, etc.).

Sin embargo, esta buena señal dada por el presidente se opaca y se contradice con su apuesta a continuar promoviendo la ejecución de megaproyectos, especialmente la construcción de grandes centraleshidroeléctricas y las grandes obras de infraestructura de la IIRSA, aunque se diga que esto se hará de acuerdo a la demanda interna (8).

Hay que tener en cuenta que existe un acuerdo energético entre Perú y Brasil, celebrado el año pasado entre los presidentes de ambos países y que aún no ha sido debatido en el Congreso de la República. Este acuerdo
responde más a las demandas de energía de Brasil, que a una estrategia energética de nuestro país y  por lo tanto no garantiza beneficios para el Perú. De acuerdo a diversos especialistas, el Perú tiene un potencial de
energía limpia equivalente a nueve veces la demanda nacional.

Entonces, nos preguntamos si tiene un sustento, basado en la demanda como ha dicho el presidente, promover la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas, especialmente en el territorio de los pueblos indígenas, como son los casos todavía irresueltos, de Paquitsapango, Tambo 40, Tambo 60 o Inambarí entre otras (9). Los pueblos indígenas esperan ser consultados y que se respete su decisión en torno a estos casos.

El nuevo escenario político, las expectativas de los pueblos indígenas y la necesidad de impulsar un proceso de inclusión social y de profundización de la democracia, requiere  colocar la interculturalidad como eje transversal de la democracia y esto a su vez supone acabar con “la falsa y peligrosa dicotomía entre desarrollo y derechos de los pueblos indígenas”(10). Lo logrará el gobierno de Gana Perú. Esto no sólo dependerá de las decisiones que tome el nuevo gobierno, sino también de los pueblos indígenas y la sociedad civil de la que todos somos parte.

Notas:

(1) “La democracia peruana será plena cuando la justicia y la paz social, la soberanía nacional y la seguridad de nuestras familias constituyan el zócalo de nuestra nación, cuando la igualdad sea patrimonio de todos y la
exclusión social desaparezca aún en los lugares más remotos del país “. Discurso del Presidente Ollanta Humala, 28 de julio 2011

(2) “El Perú es un país plurilingüe y multicultural. Esta múltiple diversidad constituye sin duda nuestra mayor riqueza. Sin embargo, durante mucho tiempo ha existido un discurso y una práctica de la exclusión, del rechazo a la diferencia, un “tú no eres igual que yo” que cobijó la discriminación y la intolerancia. (…)Pero, precisamente esa diversidad cultural proviene de entender, que nuestra nación es un crisol de razas y tradiciones. Son ellas las que sustentan, por ejemplo, nuestra extraordinaria gastronomía, hoy admirada y reconocida en el mundo”.

(3) “Nuestro país trabajador, honrado y diverso, se encuentra fracturado y herido. Sufre el abandono de los políticos y de un Estado insensible, burocrático y centralista. Un Estado que le ha dado la espalda al interior
del país, un Estado que sufre de “mal de altura o soroche” y que se niega a subir los andes y extenderse en nuestra Amazonía”.

(4) Interculturalidad y Democracia Mesa de Interculturalidad. Propuesta de una agenda de políticas públicas hacia una democracia intercultural. Documento elaborado por la Mesa de Interculturalidad (FSP, CAAAP, SER, UARM, OXFAM y otros)

(5) Asimismo, avanzaremos profundamente en la política de ordenamiento territorial que nos permita establecer de manera participativa el uso racional de nuestro territorio (…)” Discurso Presidencial del 28 de julio 2011.

(6) “(…) una política que garantice la explotación racional y equilibrada del agua, la tierra, los bosques, la biodiversidad, el gas y los minerales. Esos recursos de todos los peruanos contribuirán a la eliminación de la pobreza y la desigualdad. Se alentará la actividad privada sobre los recursos naturales, pero estos serán explotados en condiciones de respeto a las poblaciones, a los trabajadores y al medio ambiente.” Discurso Presidencial del 28 de julio 2011.

(6) Al comenzar el gobierno de Alan García, el número de contratos petroleros no llegaban a 10.  Aurelio Ochoa, el nuevo presidente de Perupetro, la instancia del Estado encargada de hacer los contratos para actividades hidrocarburíferas declaró públicamente que el último día de su gestión, el gobierno de Alan García celebró 5 nuevos contratos con una
velocidad nunca antes vista.

(7) “Promoveremos la construcción de hidroeléctricas, fortaleciendo Electroperú y a las empresas eléctricas estatales regionales, y promoviendo las privadas, en un adecuado balance que otorgue prioridad a la demanda nacional.” “En el campo de la infraestructura, se proseguirá con la ejecución de obras viales como los proyectos IIRSA Interoceánica del Sur, Interoceánica del Norte (…)”

(8) Actualmente se sabe que están planificadas unas 14 centrales hidroeléctricas que se piensan construir en la Amazonía Peruana como parte del Acuerdo Energético Perú-Brasil.

(9) “La falsa y peligrosa dicotomía entre desarrollo y derechos de los pueblos indígenas, es habitual en el continente. Se trata de una creencia basada en la falaz premisa de que los proyectos de la industria extractiva o de otro tipo, que multiplican la riqueza y son, por tanto, favorables a los intereses nacionales, no deben verse “obstruidos” por los pueblos indígenas, que son “sólo” una pequeña parte de la población. En consecuencia, cuando las comunidades indígenas se organizan para pedir que se respeten sus derechos, el Estado y otros agentes las acusan de bloquear el crecimiento de todo el país”. Sacrificar los derechos en nombre del desarrollo. Los pueblos indígenas de América, bajo amenaza. Informe de Amnistía Internacional, 2011. Índice: AMR 01/001/2011

*Ismael Vega Díaz, investigador del Centro Amazónico de  Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), coordinador del Diplomado de Interculturalidad y Pueblos Indígenas de la UAR-CAAAP.

lunes, 18 de julio de 2011

El Ordenamiento Territorial no es un juego

Por: Noticias SER

El  25 de junio fue  publicada en el diario El Peruano la Resolución Ministerial 139-2011 MINAM, con la propuesta de “Estrategia Nacional de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) y Ordenamiento Territorial (OT)” (1). En dicho documento se establece que en un plazo de diez días útiles, se recibirían “opiniones y sugerencias de la ciudadanía en general” acerca del contenido del texto.

Habiéndose cumplido el plazo, lo más probable es que el Ministerio del Ambiente  apruebe la  Estrategia sin haber promovido un debate público, a pesar de que tanto la ZEE como el OT son procesos que buscan lograr consensos sobre un uso racional del territorio y de los recursos naturales.

La Estrategia tiene puntos muy controvertidos. Ésta plantea “establece que la aprobación de los procesos de ZEE por la autoridad competente (regional y/o local) requiere previamente la conformidad técnica del MINAM”, restándole capacidad de decisión a los gobiernos subnacionales. En vez de  ello, la Estrategia podría proponer que el MINAM tenga un rol más activo, brindando asistencia técnica a los equipos que conducen estos procesos o elaborando las metodologías ausentes en la normativa actual, lo cual facilitaría la implementación de las distintas fases de la ZEE.

Sobre el punto, nos preguntamos qué se entiende por “conformidad técnica” ¿Significa acaso que el MINAM contará con una instancia para la revisión de todas las ZEE a nivel nacional? ¿No se estaría sobrecargando de funciones a este sector que, por ejemplo, todavía tiene pendiente aplicar la regulación aleatoria de los Estudios de Impacto Ambiental?

No olvidemos que tal como está redactada la norma, se estarían vulnerando las competencias de los gobiernos subnacionales para desarrollar procesos de planificación y gestión territorial. Es bueno recordar que la Ley de Bases de la Descentralización  establece que la ZEE y el OT deben ser conducidos por los gobiernos regionales y municipales.

Asimismo, la Estrategia señala que tiene por objetivo general “facilitar la elaboración e implementación de la ZEE en los tres niveles de gobierno”. Sin embargo, no está brindando elementos para facilitar el proceso sino concentrando la decisión final; por otro lado, no dice nada acerca de cómo lograr que este proceso sea participativo. Para aquellos gobiernos regionales que vienen desarrollando sus procesos de ZEE, una de las principales dificultades ha sido elaborar este instrumento con una intervención adecuada de la población. En varios casos, se ha elaborado la zonificación a nivel de gabinete y solo cuando se ya contaba con los resultados, se realizó su validación.

De otro lado, en su segunda Línea Estratégica plantea como acciones: “Ejecutar la Política y Directiva Nacional para la incorporación de la ZEE en los procesos de planificación sectorial y regional; así como en el desarrollo de la ZEE (…) en las unidades territoriales donde existan o se hayan priorizado proyectos de interés nacional, tales como: Programa de Infraestructura Vial – IIRSA Norte, Centro y Sur, Proyecto Camisea proyectos hidro-energéticos e hídricos (Inambari, San Gabán, Madre de Dios–Puno, Junín, etc.)…”. Sin embargo, a la fecha de publicación del texto no existen proyectos hidro energéticos ejecutados ni priorizados en Junín ni Puno, solo la intención de empresas privadas por construirlos.

Por tanto, ¿Por qué se tendría que incorporar en la formulación de la ZEE proyectos que aún no se han realizado y cuya propuesta viene recibiendo un rechazo mayoritario de una población que no ha sido consultada?

Finalmente, más allá de los cuestionamientos a su contenido, en Noticias SER consideramos que esta norma debió ser ampliamente debatida. Queda como tarea pendiente para el próximo gobierno construir políticas de ZEE y OT en un clima de consenso que es indispensable para reducir los altos niveles de conflictividad social generados por la ausencia de una planificación territorial adecuada y por la manera, centralista y autoritaria, de tomar las decisiones sobre los usos del territorio y los recursos naturales.