Propuesta de una agenda de Políticas Públicas hacia una democracia Intercultural
La Mesa de Interculturalidad es una red de instituciones de la sociedad civil que articula un espacio de análisis y debate, elaboración de propuestas de políticas públicas e impulso de acciones de incidencia dirigidas al reconocimiento de las diferencias culturales de nuestra sociedad en la democracia peruana, sus actuales dinámicas de cambio y sus consensos fundamentales.
La visión de la Mesa es que este reconocimiento es una de las condiciones para la profundización y consolidación de la democracia peruana, siendo una de las tareas históricas todavía pendiente en los procesos de democratización de nuestra sociedad. La transición a la democracia enunció algunos lineamientos discursivos que no se desarrollaron posteriormente, convirtiéndose en políticas concretas. Ha tenido particular importancia, el Informe de la CVR, nacida de la transición, que explicó y documentó el papel de la discriminación cultural y el racismo en la conformación de las condiciones de la emergencia de la violencia política y en su trágico desencadenamiento. Ciertos aspectos interculturales se han incluido en algunas políticas sectoriales, sin que hayan alcanzado no obstante significación. Entre los organismos del Estado, la Defensoría del Pueblo ha tenido el mayor protagonismo en promover la atención hacia la interculturalidad y el reconocimiento de los derechos que emanan de las diferencias culturales.
En el último período, los conflictos sociales por recursos naturales han tenido un notable incremento, presentándose principalmente en espacios sociales rurales, situados en los márgenes del mercado y del Estado. Esta expansión de las industrias extractivas, proyectos hidroenergéticos e infraestructura de transportes se encuentra en el origen inmediato de muchos de estos conflictos. Se plantea entonces una agenda de debate sobre el sentido de bien común implicado en el modelo de crecimiento económico y sobre el necesario desarrollo del sistema de derechos, con atención particular al lugar de las sociedades indígenas y rurales en la ecología política del país.
El sistema internacional de derechos de los pueblos indígenas, que forman parte del ámbito jurídico de los derechos humanos, instauran un marco para el desarrollo señalado. En este contexto, existe un retraso en la aplicación del Convenio 169º de la OIT por nuestro país, que dificulta el ejercicio de los derechos ahí reconocidos, aunque estos se encuentren vigentes de jure. Los sucesos presentados en el contexto de la frustrada promulgación de la Ley de Consulta han puesto en evidencia que el retraso no es solo jurídico sino principalmente político, exigiendo una claridad de análisis y opciones sobre las cuestiones fundamentales del consenso democrático, necesaria para una apropiación intercultural de los derechos de los pueblos indígenas por la democracia peruana. Simultáneamente, los procesos de desertificación y de cambio climático implican tendencias consistentes hacia una escasez crítica de recursos naturales, lo cual, en el Perú, significa especialmente escasez del agua. Estas tendencias inciden (y lo harán aún más en el futuro) en la agudización de los conflictos sociales, supuesta la permanencia de la actual estructura de estos.
Además, esos procesos aumentarán las condiciones de vulnerabilidad de la población peruana ante las catástrofes naturales, incluyendo las sequías. Quienes dependen altamente de la producción tradicional en tierras frágiles para su subsistencia y sufren, a la vez, una situación de severa exclusión social y precariedad en el ejercicio de sus derechos, como las sociedades campesinas e indígenas, presentan las mayores condiciones de vulnerabilidad.
Los conflictos sociales y la vulnerabilidad ante las catástrofes son manifestaciones de la urgencia de una nueva comprensión y gestión de los procesos sociales y ambientales, que no están escindidos sino compenetrados en una misma ecología política. Esta urgencia expresa nuevas condiciones globales y de largo plazo, implica factores estructurales y no solo coyunturales y contextuales, exige la incorporación inmediata de la sostenibilidad y de la reducción de las desigualdades en el crecimiento económico, atañe al riesgo de la vida de las personas, y afecta los derechos de las generaciones futuras y especialmente de todas las minorías, que son comúnmente los sectores más vulnerables, sean estas étnicas/culturales, de género, regionales o de otra índole.
En realidad, se trata de una agenda de cambio de época que requiere de significativas transformaciones en el sistema político democrático, el modelo de crecimiento económico y los modos de apropiación del territorio (CEPAL 2010). Al promover el reconocimiento de los aportes de las diversas culturas, la interculturalidad pone énfasis en visualizar y analizar las dimensiones culturales presentes en las relaciones sociales, sistemas institucionales y prácticas sociales, naturalizadas como supuestos en los regímenes políticos y sus consensos. Por eso, puede contribuir a la reinvención de la modernidad en nuestro país, implicando el diálogo intercultural necesario para la incorporación del aporte cultural de las tradiciones indígenas. El aprendizaje de la gestión de la diversidad, complejidad e incertidumbre implica estos procesos de reconocimiento y de diálogo, que sería una de las características específicas de la modernidad peruana.
En lo que sigue, el documento presenta primero la propuesta de un marco de referencias para la incorporación de la interculturalidad en el debate de una agenda de políticas públicas de profundización de la democracia peruana. Este marco articula las cuestiones programáticas con las más inmediatas, lo que corresponde a las exigencias de una agenda actual que ha sido imbuida por la inmediatez del futuro. Después, el documento concreta una propuesta de plataforma de trabajo e incidencia para atender los aspectos más urgentes y actuales de la promoción de la interculturalidad en nuestro país.
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